Ahora bien, el presidente tiene interés de que sus propuestas de reforma se materialicen durante el presente año, para que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2025, pero lo cierto es que las tres que se han presentado han generado inquietudes atendibles, pues todas tienen un matiz político y dos tienen, a su vez, un aspecto primordial para el desarrollo de cualquier nación: el económico.
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Impensable, inaudito e imperdonable. Si algo se le ha reconocido al actual presidente de la República, es el sólido liderazgo con que cuenta a lo interno de su organización y el gran privilegio que le otorgó el pueblo dominicano en los tres niveles de elección en febrero y mayo el presente año. Por tanto, he recomendado humildemente que sus decisiones políticas no deben adoptarse en virtud de la super mayoría legislativa, sino, a partir del diálogo y el consenso. Al menos eso engrandecería más su liderazgo.
En ese tenor, no se trata de rogar y esperar por la oposición hasta que ésta quiera reunirse, sino, agotar las vías de hecho, es decir, convocarlas públicamente y si no asiste la población entenderá que el presidente tuvo la voluntad y cortesía de conversar. Además, los sectores que integran la sociedad también deben ser escuchados. Es imposible honrar el sistema democrático sin que se exprese libremente la sociedad ante cualquier hecho que genere incertidumbre.
Al contrario, es deber del Estado, es especial del Poder Ejecutivo, explicar, consensuar y convencer a los ciudadanos. Cuando hace días se debatió fuertemente la oportunidad de promulgar la Ley de Referendo como establece la propia Constitución dominicana, expresé la necesidad de que sea el primer mandatario quien lleve a cabo su promoción, porque si acaba de salir airoso del certamen electoral de mayo, ¿por qué no utilizar esa misma voluntad popular para que se exprese a favor o en contra de la reforma constitucional, específicamente de la cláusula pétrea?
Ahora bien, el presidente tiene interés de que sus propuestas de reforma se materialicen durante el presente año, para que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2025, pero lo cierto es que las tres que se han presentado han generado inquietudes atendibles, pues todas tienen un matiz político y dos tienen, a su vez, un aspecto primordial para el desarrollo de cualquier nación: el económico.
Ciertamente, el mandatario no cuenta con un interlocutor como lo fue monseñor Agripino Núñez Collado, quien durante las últimas décadas previo a su muerte sirvió al país como el mediador natural de las principales crisis políticas y sociales. Recuerdo durante mis años de grado en PUCMM, ver a monseñor Agripino acompañar hasta sus vehículos a distintos líderes políticos, empresariales y sindicales de la época, quienes le visitaban y consultaban en torno a los problemas del momento en busca de salidas negociadas y factibles para sus organizaciones.
Lamentablemente, no se valora lo que se tiene en el momento, sino, cuando ya no existe. Es derecho legitimo del presidente llevar a cabo profundas reformas como las que se propone en el ámbito institucional, constitucional, fiscal y laboral, pero por su liderazgo y rol, debe empeñarse en escuchar a todos los sectores del país para que sus pretensiones sean legítimas y bien valoradas. La democracia solo se fortalece con más democracia. ¡Ojalá se logre dialogar!
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