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Fujimori fue excarcelado por una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró procedente un indulto irregular otorgado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.
Alberto Fujimori
«En su reciente decisión, el Tribunal Constitucional, en desacato a la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), ordenó la libertad del expresidente, en contravención a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En su resolución del 5 de diciembre de 2023, la Corte IDH requirió al Estado peruano que se abstuviera de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre de 2023. Fujimori fue liberado el 6 de diciembre», dice el comunicado de la CIDH.
La CIDH también recordó al Perú que el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH.
«Por ello, está obligado a acatar las decisiones que esta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales», indica el comunicado en la primera reacción del sistema interamericano de derechos humanos tras la liberación de Fujimori.
La CIDH además dijo que conceder indultos a personas condenadas por graves violaciones de derechos «puede generar una forma grave de impunidad». El organismo supranacional también hizo un «enérgico llamado al Estado a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad».
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