Ministerio Público asegura estar preparado para llevar a juicio de fondo a los más de 60 encartados
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Al argumentar su solicitud, las defensas de los encartados Ramón Burgos, Alfredo Alexander Solano y Johannatan Loanders Medina, dijeron que el estancamiento del proceso se prolongó por casi un mes, mientras otras jurisdicciones conocían la recusación a Martínez.
Los togados Ybo René Sánchez, representante de Alexander Solano, y Enrique Valleejo Garib, del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes afirmaron que en el tiempo de casi un mes sin audiencias se violaron los principios de inmediación y concentración del proceso.
La actual etapa del juicio preliminar del expediente de corrupción lleva más de un año conociéndose y solo en su lectura el Ministerio Público tardó casi seis meses. El caso completo cumplirá tres años en los tribuales a final de junio.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepa), Mirna Ortiz, y otros fiscales representantes del Ministerio Público, pidieron al juez rechazar la solicitud porque, a su entender, los principios de inmediación, concentración fueron respetados por el magistrado, quien a pesar de estar recusado se reunía todos los viernes con las partes para tratar como iba el proceso de recusación y ofrecer un resumen de lo que había ocurrido en audiencias anteriores.
La decisión del juez
Amauri Martínez rechazó reiniciar el proceso del juicio preliminar desde cero al alegar que la petición de las defensas es "producto a la recusación", la que calificó como "una situación en derecho porque el tribunal justamente en tutela y en garantías del mismo juicio provoca esta recusación".
"El tribunal debe observar que en cada una de las audiencias se realizaba a lo relacionado, un resumen de la actuación en cuanto a la audiencia anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 316 (del Código Procesal Penal). Esto es una recusación que surge pues del mismo proceso y con situaciones particularísimas una recusación al juez del primer grado y posteriormente una recusación a todo los jueces del pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional", argumentó.
MP dice estar preparado para lograr envío a juicio de fondo
El Ministerio Público aseguró anoche que está preparado para lograr que sean enviados a juicio los más de 60 acusados en el expediente por corrupción administrativa de la Operación Medusa, por el que es procesado como principal acusado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
El fiscal litigante Melbin Romero Suazo, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, declaró ante representantes de medios de comunicación, que el órgano acusador logró que la audiencia continuara a pesar de que las defensas trataron de incidentar nuevamente el proceso.
"Ustedes saben que tanto las defensas de Jean Alain Rodríguez como otras defensas de la cual él tiene el control han tratado de incidental este proceso para que no se conozca; primero, recusaron al juez que está dirigiendo esta audiencia preliminar; luego, recusaron a todos los jueces de la corte, y fue la Suprema que tuvo que decir que no había motivo para sustentarse esa recusación", dijo.
Romero Suazo agregó "es por eso que, en el día de hoy, luego de recorrer todo un proceso en cascada que llegó a la corte y luego ahora de nuevo aquí, que estamos conociendo y dándole continuidad a la audiencia preliminar".
Según la acusación del Ministerio Público, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, encabezó una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020, el cual fue desmantelado en mayo del año 2021.
En este proceso se señala a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
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