Indicó que el Ministerio Público investiga los alegatos y evidencias que sirvan para demostrar los supuestos sobornos.
A su salida de la audiencia de conocimiento de medida de coerción, la fiscal también informó que siete de los principales cabecillas de la red que operaba en la Procuraduría General de la República admitieron sus responsabilidades.
Reiteró que no son 8,000 las personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino 16,958, «conforme al peritaje técnico».
EMPLEADOS DE LA PROCURADURÍA
Entre los involucrados también están los empleados de la PGR Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como Yokaira Elizabeth Carmona, el ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
El Ministerio Público también investiga por lo menos a siete fiscales contra los que solicitará, ante las jurisdicciones correspondientes, la designación de un juez especial en cumplimiento del procedimiento establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
El pasado 1 de agosto, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
La operación supuso la ejecución de allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
De esta actividad se han beneficiado sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuran sin antecedentes penales en los registros oficiales.
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