La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo en un comunicado «que la medida fue ratificada porque el tribunal ha entendido que los presupuestos que dieron origen a la imposición del arresto domiciliario no han variado y, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público, mantuvo el arresto domiciliario».
Añadió «que en el caso de Fernando Rosa le fue sustituido el localizador electrónico por haber presentado inconvenientes económicos para el sostenimiento del mismo».
Las barras de las defensas de Medina Sánchez y Rosa Rosa solicitaron este miércoles a la jueza Claribel Nivar el cese del arresto domiciliario que pesa en contra de los dos acusados, lo cual le fue rechazado.
Carmen Magalys Medina y Fernando Rosa Rosa forman parte, según el órgano acusador, de un entramado de corrupción que desfalcó al Estado, malversó fondos e incurrió en lavado de activos.
Además de Mirna Ortiz, el órgano persecutor estuvo representado en esta audiencia por los fiscales litigantes Elizabeth Paredes, Yoneiby González y Héctor García.
Ortiz recordó que previo a esto, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión el inicio del juicio en contra de Juan Alexis Medina Sánchez y compartes. La audiencia para el inicio del juicio fue fijada para el próximo 11 de septiembre.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, aplazó el inicio del juicio luego de acoger el pedimento de una de las barras de las defensas, que alegó no conocer las imputaciones que el órgano acusador hace a su defendida.
Además de Medina Sánchez y sus empresas, el proceso se sigue en contra de su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También, contra Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao y de Lorenzo ‘Freddy’ Hidalgo, entre otros.
Del principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, el expediente establece que creó un presunto entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez, realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que supuestamente incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
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