El caso que mantiene desconsolada a Frayla Méndez Marrero, madre de Luis Ángel, entra en esta nueva fase luego de que el pasado 14 de diciembre el Ministerio Público depositara la acusación formal contra Anderson Daniel Pérez González y Yoanni Méndez por secuestro y complicidad, respectivamente.
En la acusación, el Ministerio Público asegura que, aunque el menor no ha sido encontrado tras 11 meses de su desaparición forzada, quedó demostrada la responsabilidad penal de los imputados en las investigaciones.
Relato del hecho
La señora Méndez Marrero reveló en una entrevista anterior con Diario Libre que la relación con Pérez González había llegado a su fin y que estaba en otra relación, pero éste, supuestamente, se mantenía con la expectativa de volver con ella.
Previo al rapto del menor había amenazado con darle “por donde más le doliera”, asienta el expediente acusatorio.
El pasado 6 de febrero citó a Méndez Marrero al balneario turístico “La María de Neiba” para hablar, ella fue en el lugar, pero el imputado nunca llegó.
Mientras la señora Frayla estaba a 32 kilómetros de distancia de su residencia, refiere el expediente que Pérez González se presentó en la calle José Altagracia Ramírez, sector Batey Baja del municipio Vicente Noble, donde estaba el pequeño Luis Ángel en la calle jugando con sus hermanitos.
Agrega el documento que estando allí le dio 10 pesos a los demás menores para que fueran al colmado, quedándose solo con Luis Ángel, a quien montó en su vehículo marca Honda, de color rojo, placa A39072 y se marchó del lugar.
El Ministerio Público establece que el hecho quedó captado en las cámaras de vigilancia de dos colmados cercanos y desde aquel día se desconoce el paradero del menor.
Posteriormente, en fecha del 24 de febrero, una vecina -Ursulina González- recibió una llamada de un teléfono registrado a nombre de la imputada Yoanni Méndez solicitando una recompensa de dos millones de pesos.
“Esta acusación en contra de estos imputados se fundamenta en pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales, que ofrece el Ministerio Público en las cuales se les acusa de complicidad para secuestrar un menor de edad”, reza el expediente.
El delito del secuestro está tipificado y sancionado con una pena máxima de 30 años de prisión en la ley 583, artículos 1 y 2; y la complicidad en los artículos 59 y 60.
Ambos imputados cumplen prisión preventiva desde mayo pasado. El Ministerio Público solicitará al juez de la instrucción Daniel Medina que se le mantenga esta medida de coerción y que declare el auto de apertura a juicio de fondo.
No dicen qué pasó
A 11 meses de la desaparición de Luis Ángel, los imputados no han revelado qué pasó con el menor, pese al material probatorio que los señala como responsables de rapto, como el video de la cámara de vigilancia del momento en que desapareció el menor, la llamada desde el teléfono celular de la imputada y el testimonio de los hermanitos de Luis Ángel, obtenidos mediante una entrevista en cámara Gesell y otros testigos.
De acuerdo al artículo 13 del Código Procesal Penal “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y todo imputado tiene derecho a guardar silencio”. Ese derecho está siendo utilizado por los procesados para zafarse de una condena, sin embargo, la fiscalía de la Barahona establece que la comisión del delito de secuestro quedó evidenciada con las pruebas, aunque no han podido hallar al menor. Incluso destacó que la pena por secuestro es igual a la de asesinato, 30 años.
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